La empresa debe proteger la salud de su plantilla también frente a los riesgos derivados de la organización del trabajo. Si existen sobrecarga, conflictos persistentes o un deterioro de la salud relacionado con las condiciones laborales, la respuesta no puede limitarse a recomendar que cada persona gestione mejor el estrés.
Ahora bien, una baja por ansiedad no acredita por sí sola una infracción empresarial ni genera automáticamente una indemnización. Para valorar una reclamación hay que concretar las condiciones de trabajo, la actuación de la empresa y, si se reclaman daños, su relación con el perjuicio sufrido.
No hace falta que todo sea acoso laboral para exigir prevención
Los riesgos psicosociales y el acoso no son conceptos equivalentes. Una carga de trabajo mal dimensionada, instrucciones incompatibles o una falta continuada de apoyo pueden requerir medidas preventivas aunque no se haya acreditado una conducta de hostigamiento.
El INSST sitúa la evaluación psicosocial dentro de la gestión ordinaria de la prevención: identificar factores de riesgo, decidir medidas y comprobar su eficacia. Por eso, centrar todo el conflicto en demostrar si existe o no mobbing puede dejar fuera una cuestión relevante: si la organización del trabajo está generando un riesgo que la empresa debía abordar.
Qué puede exigirse a la empresa
Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exigen protección eficaz, evaluación de los riesgos que no se hayan evitado y planificación de la actividad preventiva. El servicio de prevención asesora y realiza sus funciones técnicas, pero su intervención no libera al empresario de su responsabilidad.
La evaluación debe servir para actuar. Según el problema detectado, las medidas pueden afectar al reparto de tareas, los recursos disponibles, la definición de funciones o la coordinación entre responsables. Un cuestionario sin seguimiento no resuelve por sí solo una sobrecarga que continúa.
Qué pruebas conviene conservar
Antes de redactar una queja extensa, conviene preparar una cronología breve. Para cada incidencia, anota la fecha, qué ocurrió, quién intervino y qué documento o testigo puede corroborarlo. Es más útil describir que se asignaron tres entregas incompatibles en una misma mañana que limitarse a afirmar que el ambiente es insoportable.
- Trabajo y organización: cuadrantes, correos con encargos, plazos, cambios de instrucciones y solicitudes de refuerzo.
- Comunicaciones previas: avisos a responsables, recursos humanos, servicio de prevención o representantes de la plantilla, junto con las respuestas.
- Evolución del problema: qué ocurrió después de cada aviso y si las medidas anunciadas llegaron a aplicarse.
- Daño alegado: informes médicos o psicológicos pertinentes y justificantes de gastos que se quieran reclamar.
Un informe que recoge lo que relata el paciente no equivale, por sí solo, a una comprobación de todos los hechos laborales. Conviene conectar la documentación sanitaria con pruebas de las condiciones de trabajo. Conserva los originales y evita extraer información de clientes o compañeros que no sea necesaria para defender tu caso.
Cómo comunicar el problema de forma útil
La comunicación debe permitir a la empresa identificar el riesgo y responder. Puede describir tareas, plazos o incidencias concretas, explicar cuándo se advirtió el problema y solicitar una intervención preventiva. No es necesario distribuir el historial clínico a toda la organización.
Solicito que se valore la situación de sobrecarga que he comunicado, con intervención del servicio de prevención, y que se me indiquen las medidas previstas. Adjunto una relación de tareas e incidencias con sus fechas. Ruego confirmación de recepción y respuesta por escrito.
Adapta el escrito a los hechos y guarda constancia de su entrega. Si hay una urgencia, la estrategia debe ajustarse a esa situación; no se trata de agotar un intercambio de correos mientras el problema se agrava.
Cuándo puede existir una reclamación
La vía adecuada depende de lo que se pretenda conseguir: medidas preventivas, investigación inspectora, reparación de daños o, ante un incumplimiento empresarial grave, la extinción indemnizada del contrato del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
Si se alega una lesión de derechos fundamentales, debe justificarse ese nivel de afectación: no todo incumplimiento preventivo lo alcanza. La Ley reguladora de la jurisdicción social permite solicitar reparación, incluida la indemnización que corresponda, cuando se acredita la vulneración. La cuantía exige analizar el caso; no existe una tarifa automática por estrés laboral.
Presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo tampoco sustituye la demanda que pueda ser necesaria ni permite dar por suspendidos otros plazos. Si además hay una sanción, una modificación de condiciones o un despido, hay que revisar cada actuación por separado.
Antes de dejar el puesto o firmar un acuerdo
Una dimisión puede perjudicar la posición del trabajador. Si lo que se busca es salir de la empresa con indemnización por un incumplimiento grave, conviene estudiar previamente la acción, las pruebas y, cuando proceda, las medidas judiciales de protección. También debe revisarse cualquier propuesta de baja voluntaria o acuerdo de salida.
Para una primera valoración, prepara el contrato, una cronología de una o dos páginas, las comunicaciones más relevantes y la documentación sanitaria relacionada con el daño alegado. En nuestro despacho de Granollers revisamos qué puede acreditarse y qué actuación resulta proporcionada. Puedes reservar una consulta presencial u online.
- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, arts. 14–16.
- INSST: evaluación de riesgos psicosociales y proceso de intervención psicosocial.
- Estatuto de los Trabajadores, art. 50.
- Ley reguladora de la jurisdicción social, arts. 177–183.
Actualizado el 25/10/2026.